Ana Lilia Ramírez
MEXICALI. Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, no se presentó a la audiencia de formulación de imputación programada para la mañana del lunes 30 de septiembre en el Centro de Justicia de Río Nuevo, Mexicali. Su inasistencia fue justificada por su compromiso de presentar el examen de doctorado en Administración Pública en Ciudad de México.
Sin embargo, el pasado 12 de julio, en su fanpage, Jaime Bonilla publicó que presentó su “último coloquio del doctorado del Instituto Nacional de Administración (INAP) y fue aprobado.” En la página oficial de Jaime Bonilla, posteó: “Esta tarde presenté mi cuarto y último coloquio del doctorado del Instituto Nacional de Administración (INAP), el cual fue aprobado por unanimidad por los cinco sinodales del instituto. Ha sido un largo proceso de formación y de trabajo; pero me llenan de orgullo los resultados que se han logrado con este esfuerzo. Quiero además extender un agradecimiento particular a mis profesores, así como a los sinodales, quienes me han guiado e instruido durante este proceso. Ahora, ¡a seguir trabajando!”
Su abogado defensor, Alejandro Gómez Castillo, solicitó la reprogramación de la audiencia, que ahora se llevará a cabo el 12 de noviembre. Además, advirtió que si Bonilla no asiste, podría enfrentarse a una orden de presentación o aprehensión.
El Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06677 está relacionado con la posible comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La acusación proviene de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, durante su mandato como gobernador de 2019 a 2021.
La Fiscalía General del Estado inició el proceso penal en marzo de 2022, tras una denuncia del Gobierno del Estado. Bonilla es acusado de haber entregado el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica a la empresa Next Energy en el Valle de Mexicali. Esta planta estaba destinada a generar energía eléctrica para el acueducto Río Colorado, que proporciona agua potable al estado.
El proyecto fue cancelado debido a la falta de permisos del Gobierno Federal y a la inviabilidad financiera del Gobierno del Estado. El contrato estipulaba un pago de 12 mil millones de pesos por parte del Estado para la construcción de la planta, independientemente de si se completaba o no, y se retendrían 123 millones de pesos mensuales de las Participaciones Federales.
Tras la cancelación del contrato, Banca Afirme retuvo la primera mensualidad de 123 millones de pesos y advirtió que continuaría con los descuentos mensuales. En respuesta, el Estado se amparó para evitar el pago, y el litigio sigue en curso.