Ana Lilia Ramírez
TIJUANA.— Este martes 25 de febrero fueron retiradas un total de 85 cámaras de seguridad de videograbación que estaban en postes y árboles, así como en lugares públicos de la Zona Norte, que no contaban con justificación o permisos para estar en la vía pública, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, Laureano Castillo Rodríguez.
“El retiro de las cámaras es parte de la estrategia que tenemos planteada. Comentarles que esta operación inició el día de ayer (25 de febrero), por ello vieron a las unidades trabajando, pues están todas las instituciones representadas, entre ellas la Fiscalía General del Estado. Lo que se pretende es retirar las cámaras que se encuentran en lugares públicos. Es decir, la gente que tiene una cámara en su casa para cuidarse no tiene nada de qué preocuparse; esa no es la intención. La intención es ir sobre cámaras que se encuentran en lugares públicos, principalmente en los postes de luz, en los postes de teléfonos, en los árboles, en lugares donde el único control debe ser del Estado. Esto es precisamente para asegurarnos de que las cámaras que se encuentran en la calle son las del C5 y están debidamente autorizadas”.
Luego de que en noviembre de 2024 se anunciara el retiro de 269 cámaras de videovigilancia posiblemente vinculadas con el crimen organizado, según declaraciones de la dependencia de seguridad, el General Castillo Rodríguez dijo que se desconoce la procedencia y los propietarios de los artefactos de videovigilancia, y será la Fiscalía General del Estado la que determine su origen.
“El problema es que no sabemos de quién son; por eso precisamente se están llevando a cabo estas operaciones de retiro de cámaras de seguridad. Lo que queremos es asegurarnos de que tengan un fin lícito. Será la fiscalía quien llevará a cabo las investigaciones, por ello las estamos poniendo a disposición de esta dependencia para que determine quiénes son los propietarios”.
Dijo que el operativo es en la vía pública y no se realiza en espacios privados, como dentro de viviendas, comercios o predios, por lo que los ciudadanos no deben preocuparse si están en sus propiedades; continuarán como tal.
“No estamos estigmatizando a nadie ni diciendo que estén poniendo cámaras para ilícitos. Lo que queremos es garantizar y hacer valer la ley en el sentido de que los espacios públicos, si alguien tiene una cámara, únicamente tiene que justificar el permiso correspondiente y el por qué tiene esa cámara, asegurándonos así de que están para un fin lícito”, dijo el titular de seguridad.
[5:56 p.m., 26/2/2025] Ana Lilia Ramírez: BALAZO: El cuerpo de la bebé fue localizado en la colonia Libertad.
CABEZA: Sin ser reclamado por familiares, la bebé que fue asesinada por su madre.
SUMARIO: Yessica García Lerma, quien es fundadora del colectivo “Dulce María, ningún angelito más irá a la fosa común”, dijo que, en caso de no ser reclamado, buscarán dar una sepultura digna.
Ana Lilia Ramírez
TIJUANA.— Aún se encuentra sin ser reclamada por familiares, el cuerpo de la bebé que fue localizado sin vida el pasado 19 de febrero en la colonia Libertad. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), la bebé fue asesinada por su madre, Adriana N, de 27 años, cuando nació, informó el Servicio Médico Forense.
Derivado de que el cuerpo de la bebé ya fue identificado, pero se encuentra en el Servicio Médico Forense por no ser reclamado, Yessica García Lerma, fundadora del colectivo “Dulce María, ningún angelito más irá a la fosa común”, dijo que esperarán los tiempos. En caso de que no sea reclamado, señaló que buscarán la forma de darle una sepultura digna y un nombre, para que no termine en la fosa común.
“Ningún niño o niña pide nacer. No se deben ir solitos a una fosa común, deben ser velados y llevarse al cielo con un nombre. Vamos a buscar la forma, pero tenemos que esperar a ver si no la reclaman”, dijo la activista.
De acuerdo con información de la Fiscalía Estatal, la madre de la bebé fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio y las agravantes que se le sumen. Señalaron que, como resultado de la necropsia, se indicó que la bebé nació viva y presentaba heridas, posiblemente de un arma punzo-cortante, que terminaron con la vida de la menor desde noviembre de 2024.
El cuerpo de la menor fue escondido en el congelador de la vivienda por Adriana, de 27 años, y el 19 de febrero fue arrojado a la basura por la abuela de la menor, quien pensó que se trataba de comida descompuesta.